Son los tres inspectores de la Agencia Tributaria que desde 2011 que junto al fiscal del caso y la Brigadada de Delincuencia Económica de la Policía han puesto contra las cuerdas a Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. Durante todo este tiempo han analizado cada euro que en los últimos diez años ha entrado y salido de las cuentas corrientes de todos los implicados en la trama, incluidos Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina. En todos y cada uno de sus informes sus conclusiones han sido las mismas. Han apuntado a Urdangarin como supuesto autor del fraude fiscal cometido a través de la sociedad Aizón, propiedad de los Duques de Palma. A pesar de la complejidad del caso, los argumentos de Hacienda eran sencillos: los ingresos indebidamente tributados con la sociedad Aizón correspondía a rendimientos del trabajo de Urdangarin y no de la infanta. El juez, que hoy ha madrugado para evitar las cámaras, ha cuestionado abiertamente los criterios de la Agencia Tributaria. Interpretable o no interpretable, el hecho es que en dos semanas la hija del rey tiene una cita con esta rampa. Lo normal, al igual que sucedió con su marido, es que se autorice la entrada del coche hasta la puerta de acceso. Corresponderá a la infanta decidir si opta o no por renunciar esa medida de seguridad.