La presidenta de Corea del Sur está implicada en un grave caso de corrupción y tráfico de influencias. Así lo asegura la fiscalía del país aunque aclara que, pese a esto, no puede presentar cargos contra ella porque la Constitución surcoreana otorga inmunidad al presidente. La Fiscalía ha acusado, además, formalmente a una amiga de la presidenta por abuso de autoridad, coerción e intento de fraude, entre otros delitos.

El equipo de investigadores ha analizado todas las pruebas existentes contra la presidenta y concluye que es sospechosa de colaborar con los tres aludidos en sus conductas criminales. Ateniéndonos a las pruebas continuaremos investigando a la presidenta”, señala el fiscal Lee Young-Ryeol.

La fiscalía también ha presentado cargos contra dos de sus excolaboradores, acusados de entregar documentos del gobierno a la amiga de la presidenta. El caso ha desatado una enorme indignación entre los surcoreanos que desde hace un mes se manifiestan masivamente cada semana para pedir su dimisión.