La propiedad de la tierra en manos de estados extranjeros, grandes empresas o grandes propietarios particulares que no viven en ella y utilizan su explotación únicamente para fines de lucro es un problema extendido en América Latina, y también lo es de forma creciente en África.

Las grandes empresas dejan escasos dividendos al país, ocupan poca mano de obra y dañan en ambiente.

Pero económicamente son muy fuertes y suelen imponer su voluntad sobre estados empobrecidos y débiles.

Este proceso se ha acentuado fuertemente en Uruguay en los últimos años.

Tanto la extranjerización, es decir la propiedad en manos de extranjeros, como la concentración, es decir, grandes extensiones de tierras en manos de pocas personas.

Las comunidades tradicionalmente ligadas a la tierra, sean pequeños agricultores o comunidades autóctonas, son desplazadas por los nuevos propietarios.

Los cultivos tradicionales son sustituidos por grandes plantaciones de soja, maíz generalmente transgénico o forestación.

Algunas veces el desplazamiento se da por obligación, y otras muchas por necesidad: las condiciones en las que viven los productores en el campo es tan mala que se ven obligados a vender.

Para limitar este fenómeno, en especial la pérdida de soberanía sobre el propio territorio, el parlamento de Uruguay acaba de aprobar una ley su aprobación final será en algunas semanas que prohíbe la venta de tierras a estados extranjeros.

Nada dice de la concentración y tampoco en nada ayuda a los trabajadores locales a radicarse en el campo, a mejorar sus establecimientos y volverlos más productivos.

Los programas estatales de distribución de tierras están estancados y no funcionan.