Feijóo tiene un problema.
En realidad, quien tiene el problema y gordo es España, pero ahora, por esas vueltas que dan la política y la propaganda, quien está en un brete es el líder del PP.
Tras enterarse Sánchez, mal y tarde, de que Canarias sufre una masiva invasión de inmigrantes ilegales, ha decidido repartir unos 6.000 entre todas las regiones españolas.
Los atolondrados ‘expertos’ de La Moncloa y Coalición Canaria, que gobierna las islas con apoyo del PP, estiman que, de aquí a final de año, pueden llegar otros 70.000, lo que elevaría a 90.000 el número total de irregulares en el archipiélago.
El plan del marido de Begoña ha chocado de momento con dos escollos. Uno es la oposición frontal de Junts, socio necesario de legislatura del PSOE, que se niega a entrar en el reparto de ‘paquetes’.
No se si se acuerdan de que, el pasado en enero, Puigdemont arrancó a Sánchez el compromiso de ceder las competencias migratorias a Cataluña a cambio de no tumbarle tres decretos ley.
Entonces no aclaró para qué. Ahora ya lo sabemos y les confieso que entiendo la resistencia de Junts, porque tras muchas décadas de promocionar la inmigración musulmana en detrimento de la hispanoamericana, porque la consideraban más ‘catalanizable’, se enteran vía Guardia Urbana de Barcelona de que el 80% de los delitos en la Ciudad Condal los perpetran extranjeros, en su mayoría magrebíes.
El otro obstáculo y serio con el que choca Sánchez es VOX.
El Gobierno Frankenstein necesita la colaboración del PP en el Congreso para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería e imponer lo que llaman ‘Solidaridad Obligatoria’. Con urgencia; este mismo mes de julio.
Feijóo no ha dicho que no. Este lunes, reiteró la ‘solidaridad’ de las 11 regiones gobernadas por el centroderecha, aunque insistió en que el Gobierno central no puede obligar a las comunidades a hacer un esfuerzo extra sin poner dinero sobre la mesa.
Y ahí apareció Abascal advirtiendo que su partido no quiere ser cómplice de ‘robos, machetazos y violaciones’ y romperá los pactos con los populares en las comunidades autónomas que acepten el reparto sanchista.
Estamos hablando de Valencia, Aragón, Castilla y León, Murcia y Extremadura, aunque me da a mi que va a ser en está última donde empezará el baile.
María Guardiola, que ha llamado a VOX de todo y nada bueno, gobierna con sólo un escaño de ventaja sobre la izquierda. Si los de Abascal le retiran el apoyo de sus cinco diputados, la popular se quedaría con 28 frente a los 32 que suman PSOE y Podemos.
Si yo fuera Feijóo y para no jugármela a cara o cruz, confiando en que Abascal no cumpla su ultimátum, no pastelería con el marido de Begoña y le forzaría a imponer por decreto su plan.
Con eso y algo de gesticulación de sus barones regionales, además de declaraciones contundentes exigiendo al Gobierno Frankenstein una política migratoria digna de ese nombre, salvaría las coaliciones con VOX.
Vamos a ver qué pasa.
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