Al menos 41 reclusas murieron en un devastador motín en la única cárcel de mujeres del centro de Honduras.
Las víctimas sufrieron quemaduras y heridas de bala, y las autoridades prevén que el número de muertes aumente a medida que avancen las investigaciones.
La presidenta Xiomara Castro se mostró conmocionada por las muertes y se comprometió a tomar medidas decisivas para que los responsables rindan cuentas.
Según Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad, el sistema penitenciario hondureño ha sido "secuestrado" por el crimen organizado.
Las conocidas bandas Calle 18 y MS-13 llevan mucho tiempo implicadas en actividades violentas en Honduras y los países vecinos.
En un esfuerzo por combatir la escalada de violencia de las bandas, la Presidenta Castro ha declarado el estado de excepción desde diciembre.
Suspendiendo los derechos constitucionales y otorgando a las fuerzas de seguridad poderes para detener a individuos asociados con las bandas.
El gobierno hondureño también dio a conocer un plan para desarmar a los reclusos y aislar a los vinculados a bandas delictivas.
Se dice que el motín mortal fue un ataque directo del crimen organizado contra los esfuerzos de la Presidenta Castro contra las bandas.