Madrid, 27 may (EFE).- El Gobierno ha aprobado, tras una intensa negociación con los agentes sociales, la cuarta prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que servirá para afrontar la recta final de la pandemia de la covid-19 y tendrá un coste estimado de 3.400 millones de euros.
Tras apurar los plazos -las condiciones de esta herramienta de protección a trabajadores y empresas vencen el 31 de mayo- el nuevo esquema se ha llevado a un Consejo extraordinario de Ministros, en el que se ha puesto en valor "la altura de miras" de patronal y sindicatos "lejos de los ruidos".
Esta prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre conlleva un gasto de unos 1.400 millones para el pago de las prestaciones de los trabajadores en ERTE y algo más de 2.000 millones para exonerar las cuotas a la Seguridad Social de estos empleados (800-900 millones) y para las ayudas a autónomos, según datos del Gobierno.
Para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los ERTE son "el mayor amortiguador social en la historia de la Democracia" sin el que el paro se habría disparado hasta los 6 millones, en vez de disminuir hasta estar "cerca de tocar los niveles prepandemia", una frontera sí que han superado las afiliaciones a la Seguridad Social.
A esto se suma el hecho de que, de los 3,6 millones de trabajadores que llegaron a estar en un ERTE en lo peor de la pandemia, quedan en la actualidad 570.000, de los que 400.000 están en alguno de los expedientes con exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
"Estamos caminando a la situación prepandemia", ha dicho Díaz, una afirmación que comparte el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, quien ha defendido un esquema de exoneraciones a las cotizaciones sociales de las empresas que incentiva la vuelta a la actividad de los trabajadores en ERTE.
TOTALES DE YOLANDA DÍAZ, MINISTRA SANIDAD, Y JOSÉ LUIS ESCRIVÁ, MINISTRO SEGURIDAD SOCIAL.
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