Todos los políttcos que en estos momentos están en prisión se sentarán en el banquillo. También el resto del Gobierno del expresident Carles Puigdemont y la Mesa del Parlamento catalán de aquellos días. Quien no estará será el líder de todos ellos. Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas en el extranjero se quedan en una pieza separada. Los delitos que les imputa el juez Pablo Llarena son rebelión, malversación o desobediencia. Y ya se da por abierto el juicio oral. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha advertido al Estado español que sólo esperan la absolución y que en caso contrario lucharán con la misma fuerza que la del 1 de octubre. Ahora las partes tienen que presentar su escrito de acusación. Y aquí puede estar el meollo de la cuestión. ¿Qué hará la Fiscalía? 
¿Qué hará la Abogacía del Estado ? La Abogacía sí depende del Gobierno. Y el Gobierno cree que la acusación de rebelión necesita de la fuerza. El delito de rebelión conlleva penas de 15 a 25 años, y se refiere a quienes se levanten violentamente para derogar o modificar la Constitución o para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Las partes tienen cinco días para presentar sus escritos de acusaciones. Veremos qué es lo que ocurre.
-Redacción-