La justicia británica pone un nuevo obstáculo al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es esta mujer, Gina Miller, quien lo ha conseguido al plantear a los jueces del Tribunal Supremo la legalidad del uso de la “prerrogativa real”, una especie de poder ejecutivo de la primera ministra, en este caso. Y como esperaba la ejecutiva de la City, el veredicto ha sido “No”.

Gina Miller: “Solo el Parlamento puede garantizar derechos a los británicos y solo el Parlamento puede quitárselos. Ningún primer ministro ni ningún Gobierno puede esperar ser incontestable ni indiscutido. Sólo el Parlamento es soberano.”

La elección de un brexit duro anunciado la semana pasada por Theresa May podría suscitar una cierta resistencia entre los diputados, que aunque admiten que la salida de la UE es inevitable, no están dispuestos a darle un cheque en blanco.
El líder laborista, Jeremy Corbyn, ya había denunciado anteriormente las enmiendas: ¿Puedo pedirle que deje de amenazar con un Brexit de saldillo. Un paraíso fiscal a orillas de Europa no perjudicará necesariamente a la UE, pero sin duda perjudicará a este país, a las empresas, a los empleos y al servicio público.

Theresa May, se dice dispuesta a resolver este revés que la obliga a presentar rápidamente una ley cuando pretendía invocar el artículo 50 antes de finales de marzo. Hasta ahora, May pensaba que podría evitar el voto en el Parlamento y esconder sus cartas: “Puedo confirmar que el Gobierno someterá a votación en ambas cámaras del Parlamento el acuerdo definitivo al que llegue con Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea antes de aplicarlo.”

Afortunadamente para May, los 11 jueces han decidido por unanimidad que es inútil consultar a los Parlementos regionales de Escocia, País de Gales e Irlanda del Norte; un revés en cambio para la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, cuya región se pronunció a favor de permanecer en la UE.