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El Congreso brasileño puso el pasado jueves en marcha un complejo proceso para la posible destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el cual estará en manos de 65 diputados de 23 partidos, quienes decidirán si la mandataria será sometida a un juicio político.

Esos 65 legisladores formarán la comisión especial que prevé la Constitución para juicios de esa naturaleza y determinarán si las maniobras fiscales denunciadas por la oposición y censuradas por órganos de contraloría del Estado constituyen un motivo para despojar a Rousseff del cargo para el que fue reelegida en 2014.
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