El fabricante japonés deberá pagar semejante cantidad, equivalente a 860 millones de euros, para cerrar la investigación iniciada en 2010 sobre aceleraciones involuntarias de sus vehículos .

La crisis se inició en septiembre de 2009, cuando, después de meses de quejas de usuarios, Toyota llamó a revisión casi 4 millones de vehículos en el país tras advertir que la alfombrilla situada en el lado del conductor interfería con los pedales y aceleraba los vehículos.

Se trata de “la mayor multa criminal impuesta a una compañía de automóviles en la historia de Estados Unidos”, según el propio Fiscal General, que estima que la empresa actuó de forma “vergonzosa” al realizar declaraciones engañosas y publicar datos inexactos en lugar de reconocer y corregir el problema con rapidez.