El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ve compatible la prisión permanente revisable con el objetivo resocializador de las penas de prisión que establece el artículo 25.2 de la Constitución, según el texto del informe sobre la reforma penal aprobado por una amplia mayoría del Pleno. Se mantienen no obstante dudas sobre la constitucionalidad de la norma en lo que afecta al principio de legalidad.