El Gobierno andaluz recurre al Constitucional el decreto de ahorro sanitario
cerestv
2012-06-26
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Sevilla, 26 de junio (CERESTV.info / EFE)
El Gobierno andaluz ha acordado hoy presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Gobierno central sobre ahorro sanitario porque, en su opinión, atenta contra un artículo de la Constitución y cuatro del Estatuto de Autonomía andaluz.
A pesar de este recurso, la Junta aplicará este decreto aunque modificará aspectos del copago farmacéutico que entrará en vigor el 1 de julio, como el cobro del 10 por ciento del coste de las medicinas a los jubilados, a quienes sólo cobrará el tope mensual de 8 ó 18 euros fijado según su renta.
Con este procedimiento, los pensionistas andaluces no abonarán el resto del copago superior a este tope, que será adelantado por la sanidad pública andaluza, a diferencia de otras comunidades autónomas donde este importe será adelantado por los pensionistas a quienes luego se les reembolsará trimestral o semestralmente.
La Junta también atenderá a los inmigrantes sin los requisitos que impone el decreto estatal ya que, según ha destacado a la prensa la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, este colectivo "tiene un impacto económico muy bajo" en la sanidad pública andaluza, que no alcanza el dos por ciento y, si no es atendido podría transmitir enfermedades, "por lo que no sólo estamos ante una cuestión de solidaridad sino también sanitaria" Montero ha asegurado que la norma del Ejecutivo central "atenta contra principios básicos" y supone un "desprecio" hacia la autonomía andaluza, además de ser un "varapalo" a la equidad, que impacta principalmente sobre las clases medias y trabajadoras.
El recurso de la Junta se basa en la inconstitucionalidad y la vulneración del Estatuto andaluz del decreto estatal, tanto en el fondo como en la forma, por lo que la consejera ha advertido de que "lleva implícita una intención recentralizadora que supone un constatable desprecio a la autonomía andaluza".
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A pesar de este recurso, la Junta aplicará este decreto aunque modificará aspectos del copago farmacéutico que entrará en vigor el 1 de julio, como el cobro del 10 por ciento del coste de las medicinas a los jubilados, a quienes sólo cobrará el tope mensual de 8 ó 18 euros fijado según su renta.
Con este procedimiento, los pensionistas andaluces no abonarán el resto del copago superior a este tope, que será adelantado por la sanidad pública andaluza, a diferencia de otras comunidades autónomas donde este importe será adelantado por los pensionistas a quienes luego se les reembolsará trimestral o semestralmente.
La Junta también atenderá a los inmigrantes sin los requisitos que impone el decreto estatal ya que, según ha destacado a la prensa la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, este colectivo "tiene un impacto económico muy bajo" en la sanidad pública andaluza, que no alcanza el dos por ciento y, si no es atendido podría transmitir enfermedades, "por lo que no sólo estamos ante una cuestión de solidaridad sino también sanitaria" Montero ha asegurado que la norma del Ejecutivo central "atenta contra principios básicos" y supone un "desprecio" hacia la autonomía andaluza, además de ser un "varapalo" a la equidad, que impacta principalmente sobre las clases medias y trabajadoras.
El recurso de la Junta se basa en la inconstitucionalidad y la vulneración del Estatuto andaluz del decreto estatal, tanto en el fondo como en la forma, por lo que la consejera ha advertido de que "lleva implícita una intención recentralizadora que supone un constatable desprecio a la autonomía andaluza".
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