Creo que cualquier sector político que actúe en el marco de la democracia tiene derecho a relacionarse con el mundo militar, pero una cosa es la relación transparente entre civiles y militares, con absoluto respeto a las instituciones, a la constitución y a las decisiones del pueblo en elecciones libres, y otra la aproximación a los militares con el propósito de subvertir el orden constitucional. El tema conviene ventilarlo en un debate con participación de todos los interesados.
* Habría que comenzar con lo ocurrido durante los últimos 12 años. Y, por qué no, con el manejo de la relación políticos-fuerza Armada con motivo del golpe contra el gobierno democrático del General Medina Angarita en 1945; de lo que fue esa relación durante los 40 años del puntofijismo; la situación que emerge del 4-F, origen de la nueva doctrina pueblo-fuerza armada vigente.