La posibilidad de enjuiciar a responsables de delitos de lesa humanidad cometidos hace 30 años en Guatemala fortalece el sistema judicial del país y singifica también resarcir a las víctimas con una condena y dignificar la memoria de quienes fueron asesinados y desaparecidos, consideró Nery Rodenas, encargado de la oficina de derechos humanos del Arzobispado de Guatemala. teleSUR