28 estudiantes beneficiados con el programa han sido citados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, peculado y peculado por extensión, debido a que algunos mantenían condición de servidores públicos al momento de recibir los fondos.
Hasta la fecha, cinco estudiantes han sido imputados por peculado por extensión, y se les impuso medidas cautelares de reporte periódico.