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Lejos de utilizar el presupuesto constitucional del Poder Judicial para aumentar el número de salas o llevar la justicia de segunda instancia fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado financian viajes al extranjero, pago de maestrías y doctorados, seguro de gastos médicos mayores, comidas y hasta el pago de infracciones de tránsito.