El presidente Donald Trump tiene previsto firmar más de 200 decretos en su primer día en el cargo. 

Estas incluirán tanto órdenes ejecutivas legalmente vinculantes como directivas no vinculantes, como proclamaciones.

Su agenda incluye la expansión de los programas de IA, la creación de un Departamento de Eficiencia Gubernamental, la publicación de los documentos del asesinato de JFK, un sistema de defensa Cúpula de Hierro y la eliminación de las políticas militares de DEI. 

Trump, que emitió 220 órdenes ejecutivas durante su primer mandato, utilizó con frecuencia esta herramienta para eludir al Congreso y promulgar cambios rápidos en la política. 

Una orden ejecutiva es una directiva escrita emitida por el presidente para gestionar las operaciones del gobierno federal. 

Autorizadas en virtud del Artículo II de la Constitución estadounidense, las órdenes ejecutivas no requieren la aprobación del Congreso.

Se utilizan para dirigir organismos gubernamentales, establecer políticas u orientar la aplicación de leyes ya en vigor.

Aunque son jurídicamente vinculantes, pueden ser impugnadas ante los tribunales, y el Congreso tiene autoridad para aprobar leyes que anulen las órdenes ejecutivas. Sin embargo, el presidente puede vetar cualquier ley de este tipo.

Aunque las órdenes ejecutivas proporcionan a los presidentes una poderosa herramienta para actuar con rapidez, también suscitan preocupación porque eluden el proceso legislativo, que garantiza un debate y una aprobación más amplios. 

Por ejemplo, el presidente Biden revocó varias de las órdenes de Trump, incluida la prohibición de viajar y la financiación del muro fronterizo, y se reincorporó al acuerdo climático de París.

Estas órdenes suelen enfrentarse a la oposición política y jurídica, lo que plantea dudas sobre el equilibrio de poder y el impacto a largo plazo en la gobernanza.