Leonardo Cositorto, acusado de liderar una presunta estafa a través de Generación Zoe, sorprende al ofrecer un arreglo económico a las supuestas víctimas. La defensa argumenta que se trató de un incumplimiento contractual y no una estafa. Mientras tanto, la fiscalía y la querella buscan demostrar lo contrario en un juicio penal que podría dar un giro inesperado si se logra reparar el daño económico. La situación pone en evidencia las dificultades del sistema judicial argentino para rastrear fondos desaparecidos.