Un pedido de informes en la legislatura sobre 383 empleados contratados irregularmente se transformó en una denuncia judicial en el juzgado de Servini. La denuncia, que ahora incluye acusaciones de malversación de fondos, recayó en el juzgado federal número uno de Comodoro Py. Se investigan posibles delitos relacionados con dinero ilícito, favorecimiento a fundaciones amigas y la venta del sello del partido político Republicanos Unidos por 2 millones de dólares. El titular del Ministerio de Desarrollo Económico, Roberto García Moritán, está bajo escrutinio por su presunta participación en estos hechos.

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