Lo repiten como una letanía.

Los ministros del Gobierno Frankenstein y diputados izquierdistas que los únicos ‘chorizos’ con los que han lidiado en su vida -con la excepción de sus colegas corruptos o puteros-, son los que les sirven a precio de saldo en la cafetería del Congreso.

Los obispos, que hace mucho que no se enteran de nada, y la patulea periodística de la ‘Brunete Pedrete’, que hace suyas las consignas que les dictan desde La Moncloa.

‘No existe una correlación entre inmigración ilegal y delincuencia”.

Cambiar de nombre a las cosas no modifica su naturaleza y cuando los políticos se niegan a aceptar la realidad, quien sufre es la sociedad porque la realidad termina entrando por la ventana.

Y la realidad contradice lo que predican Sánchez, Marlaska, la Conferencia Episcopal y la turba progre.

De los 48 millones de habitantes que tiene España, el 13% son extranjeros.

Bien… pues de los 57.000 reclusos que cumplen condena o están en prisión preventiva en alguna de las 69 cárceles españolas, más de 30% proceden de otros países.

Eso nos lleva una conclusión irrebatible: si el 13 % de la población total de España perpetra un tercio de los delitos, la inmigración está relacionada con la delincuencia.

No se trata de despertar ‘alarma social’.

Pero es indudable que los ‘ilegales’, esos que acarrean hacia nuestras costas algunas ONG que parecen al servicio de los traficantes de ‘carne humana’ , los que reciben un ‘kit’ que la mayoría tira a la basura apenas tocar tierra, esos desventurados a los que la Cruz Roja entrega 300 euros por cabeza y muchos de nuestros dirigentes alientan a acoger con los brazos abiertos y alojan en hoteles, antes de darles billetes de avión para que se instalen en la Península Ibérica., son en buena parte responsables de la inseguridad ciudadana.

No estaría de más que ministros, presidentes autonómicos y tertulianos sabelotodo se pasarán -sin avisar- por el juzgado de guardia o las comisarias en fin de semana y vieran, con su propios ojos el panorama.

Los arrestados no suelen ser inmigrantes integrados, con papeles, deseoso de trabajar y encantado de participar en el sistema de derechos y obligaciones que permite la subsistencia de algo parecido a un Estado de bienestar.

En esos casos, las tasas de delincuencia son similares a la nativa.

La violencia doméstica, las violaciones, la ocupación y otras fechorías se han disparado con Sánchez en el poder y con majaderías como las impulsadas por desubicadas como Irene Montero y la ‘Banda de la tarta’, pero la causa fundamental del delito no son la nacionalidad, la raza, la cultura o las creencias.

Son la ‘ilegalidad’ y la sensación de impunidad, lo que alienta a los malhechores.

Según la Guardia Urbana, el 80% de los delitos en Barcelona -ciudad sin ley desde que los catalanes colocaron de alcaldesa a Ada Colau- son cometidos por extranjeros.

Y leo, en una de esas notas de agencia que van escondidas en páginas interiores de los peri´ñodeicos, que los Mossos d'