El Gobierno y las fuerzas parlamentarias que formaron el bloque de investidura de Pedro Sánchez han dado luz verde definitiva a la ley de Amnistía que borra los delitos del proceso independentista de Cataluña desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Con la aprobación de la norma, el Ejecutivo espera garantizar el sostenimiento de Pedro Sánchez en La Moncloa con el apoyo sostenido del secesionismo catalán al que hoy se beneficia. No obstante, la aplicación de la ley queda ahora en manos de la Justicia, un poder contra el que ya hoy han arremetido los grupos aliados del Gobierno vaticinando una dura batalla de los jueces y la derecha "reaccionaria" frente a la norma en las instancias europeas.

La ley ha sido aprobada por 177 votos a favor y 172 en contra -superando por dos votos de margen la mayoría absoluta-, en lugar de los 178 previstos a favor en un principio. Ello se ha debido a que, por un problema personal grave, la diputada de Podemos Martina Velarde no estaba en el Hemiciclo, por lo que no ha votado cuando ha sido llamada por su nombre.