El IFE encontró irregularidades en el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto relacionadas con el tope de gastos de campaña en la contratación de anuncios espectaculares.
Según fuentes cercanas a la investigación, los partidos que conformaron la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) podría enfrentar una sanción económica por superar este tope en más de 100 millones de pesos.
La ley electoral establecía que, en 2012, el tope de campaña debía ser de 336 millones de pesos.
Sin embargo, la coalición de Peña Nieto no logró justificar el gasto total realizado en publicidad en espectaculares, aunque sí lo hizo con la mayor parte del monto, no todo, fondeado en monederos electrónicos de Monex, con los que la Oposición acusó que se habría comprado el voto.
El partido habría dejado sin comprobar un lote de más de 2 mil plásticos.
A pesar de que el Instituto Federal Electoral deberá sancionar cualquier irregularidad, el rebase de tope de gastos de campaña no es causal para anular la elección ni para perder el registro como partido político.
Se prevé que la unidad de Fiscalización del IFE entregue hoy a los consejeros electorales y a los partidos políticos el proyecto de resolución sobre las quejas por el caso Monex y las denuncias por espectaculares, toda vez que planea resolverlas en la sesión del próximo miércoles.
REFORMA publicó el 24 de abril de 2012 que, a tres semanas de iniciadas las campañas presidenciales, la publicidad fija de Peña triplicaba la de Andrés Manuel López Obrador y la de Josefina Vázquez Mota en las calles del Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara.
Preparan sanción por caso Monex
El órgano fiscalizador del Instituto analizó facturas expedidas por Monex a la empresa Importadora y Comercializadora Efra, que superan la cantidad de 76 millones de pesos, además de facturas a nombre de Grupo Comercial Inizzio que en total alcanzan más de 50 millones de pesos.
Las facturas tienen fechas que van de abril a octubre de 2012 y tienen como descripción "recompensas corporativo carga de saldos prepago".
Estas tarjetas fueron denunciadas por el PAN y la coalición de izquierda por ser utilizadas para el pago de operadores del PRI en Guanajuato e integran la serie de 9 mil 924 tarjetas que presuntamente tendrían un monto de 70 millones 815 mil pesos.
El IFE acreditó legalidad en la entrega de 7 mil 851 tarjetas en los 32 estados del País a través de enlaces estatales, con quienes celebraron contratos de prestación de servicios para el pago de sueldos.
Dirigentes del PRI han reconocido que la única empresa con la que realizaron un contrato, por 66.3 millones de pesos, fue Alkino Servicios y Calidad, pero argumentaron que esos recursos eran gastos ordinarios y no de campaña.
El propio representante legal de la empresa Alkino, Rodolfo Antonio Jumilla, refirió a REFORMA el 24 de julio pasado que habían contratado a Atama para el financiamiento que se le dio al PRI, empresa que a su vez está relacionada con Efra e Inizzio a través de un contrato de más de 28 millones de pesos.
Según las investigaciones, existen también irregularidades relativas a otros partidos que incluso en algún momento guardaron relación con el banco Monex.
Por otra parte, en el caso Soriana, el Instituto identificó que de las tarjetas ligadas a la CTM sólo el uno por ciento fueron entregadas en 2012 y 95 por ciento en 2010, pero, además, las entregadas el año pasado no contenían dinero.
Según el IFE, las tarjetas de la central obrera no son reguladas o supervisadas por la autoridad financiera mexicana, no son instrumentos financieros y, por lo tanto, no podían ser consideradas como aportaciones en especie a la campaña de Peña Nieto.
El IFE también tiene pendiente resolver la queja en contra de Andrés Manuel López Obrador por presunto financiamiento ilegal a través de la organización Honestidad Valiente.