El gobierno federal catalogó de reservada o confidencial la información relacionada con las ejecuciones cometidas en 2011, de acuerdo con dos expedientes del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI), revela una investigación del portal de internet Animal Político.

A pesar de haber informado el número de homicidios ligados al hampa en años pasados, tanto la PGR como la Presidencia decidieron dejar de informar sobre el tema.

En el caso de la PGR (expediente 4482/11), la información solicitada por un ciudadano sobre las ejecuciones —dividida en cortes semanales— fue catalogada en primera instancia como inexistente.

Sin embargo, ante un recurso de revisión interpuesto por el solicitante, el IFAI ordenó a la dependencia hacer una búsqueda exhaustiva, pues encontró pruebas de que no rastreó adecuadamente los datos del Centro Nacional de Planeación y Análisis de Información (Cenapi), responsable de agrupar los datos de otras dependencias, como Sedena, SSP y Marina.

Por lo anterior, la PGR decidió clasificar los datos como confidenciales y entregó al solicitante un documento en el que señala que los servidores públicos relacionados con la seguridad nacional se comprometen a firmar una promesa de confidencialidad, como se estipula en el artículo 53 de la Ley de Seguridad Nacional (decreto de diciembre de 2005).

Daniel Lizárraga, reportero de Animal Político, confirmó a MILENIO que tiene en su poder dicho documento, identificado con el número SJA/DGA/11230/2011.

De acuerdo con el IFAI —que validó las decisiones adoptadas por PGR y Presidencia—, la información "confidencial" no puede ser revelada en ningún momento.

Argumentos de Presidencia

En tanto, en una solicitud de información dirigida a la Presidencia, un ciudadano pidió saber el número de ejecuciones en 2011, pero sólo se le otorgaron datos preliminares de nueve estados (Guerrero, Morelos, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz) fechados en mayo.

Ante esta respuesta parcial, el particular presentó un recurso de revisión ante el IFAI, por lo que Los Pinos explicó que no cuenta con datos precisos sobre el tema.

La respuesta dada por la Unidad de Enlace fue catalogar la información como “reservada” (expediente 4481/11) y precisó que detrás de todas las estadísticas sobre los homicidios relacionados con el crimen organizado hay un sistema de coordinación interinstitucional que define criterios de inclusión y exclusión para “contar con una estadística final que está sustentada en información fidedigna”.

La Presidencia de la República añadió que “de proporcionarse lo solicitado por el recurrente (%u2026) se estarían entorpeciendo las actividades que realizan en conjunto las dependencias y entidades inmiscuidas en temas de seguridad pública”, pues se entregaría documentación que no ha sido sujeta al procedimiento de validación.

Sin embargo, no ofrece fechas para publicar datos de las ejecuciones. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala en el artículo 15 que dicha información podrá permanecer con ese carácter hasta por 12 años.

¿Confidenciales?

Si bien ambas instancias decidieron ocultar los datos sobre las ejecuciones el año pasado, el portal nexos.com.mx publicó ayer un texto firmado por Joaquín Villalobos, asesor de la Presidencia en materia de Seguridad, titulado “Nuevos mitos de la guerra contra el narco”, en el que se presenta una gráfica con las muertes en Guerrero entre el 25 de abril y el 20 de noviembre. Este trabajo fue realizado con datos públicos del gobierno federal.

Los datos se encuentran divididos por semana, tal y como se le pidió a la PGR y Presidencia, aunque ambas decidieron ocultar la información.

El último informe que realizó el gobierno federal sobre el tema está fechado el 13 de enero de 2011, cuando Alejandro Poiré, entonces vocero del Consejo de Seguridad Nacional, reportó que de enero de 2007 a diciembre de 2010 hubo 34 mil 612 asesinatos relacionados con el crimen organizado.

Poiré señaló entonces que la base de datos se haría pública de manera periódica; sin embargo, a ocho días de cumplirse un año no hay registros oficiales.