El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina Mora, señaló que existen las pruebas suficientes para determinar que son responsables del atentado, el cual calificó de crimen atroz.

Algunos de los detenidos fueron autores materiales del incendio, otros conducían los vehículos y unos más realizaban labores de vigilancia, precisó el mandatario al detallar el resultado de la investigación sobre el ataque realizado el último jueves al centro recreativo.

El jefe de gobierno detalló ante los medios que los detenidos afirmaron en los interrogatorios pertenecer al cártel de Los Zetas.

Según la Procuraduría de Justicia Estatal, los mismos poseen antecedentes como homicidios y secuestros.

"Se trata a todas luces de sujetos sin escrúpulos que ya habían cometidos crímenes de alto daño a la sociedad", sostuvo Medina.

De acuerdo con las investigaciones, abundó, hay más personas involucradas en el ataque contra el casino Royale, pero solo en el momento apropiado se darán a conocer sus nombres y rasgos para que la población pueda colaborar en su búsqueda y captura.

Adrián de la Garza, procurador local, explicó que mediante una huella dactilar en uno de los vehículos usados en la agresión se localizó a uno de los implicados, quien en los interrogatorios dio a conocer el resto de los detenidos, de los 12 autores directos.

Los cinco presentados este martes se nombran Luis Carlos Carrasco Espinoza, El Chihuas, de 25 años, Javier Alonso Martínez Morales, El Javo, de 37 años, y Jonathan Jahir Reyna Gutiérrez, de 18.

También se incluye Juan Ángel Leal Flores, El Casillas o El Cash, de 20 años, y Julio Tadeo Berrones Ramírez, El Julio Rayas, de 28.

El 25 de agosto pasado una veintena de hombres armados en apenas dos minutos y medio rociaron gasolina, detonaron varios artefactos e incendiaron el casino Royale.

Ese centro de apuestas ya había sido atacado en dos ocasiones anteriores durante este año por el crimen organizado, pero sin dejar víctimas.

Los grupos delincuenciales extorsionan a los casinos y a otros negocios, pero varios centros se niegan a seguir pagando cuotas periódicas (unos 13 mil dólares semanales) a esas bandas.