A la espera de que se dilucide si fue efectivamente Marlaska quien, desde el Ministerio del Interior, alertó a Ábalos, Koldo y los hampones de la ‘Mafia de la Mascarilla Averiada’ de que estaban siendo vigilados por la Guardia Civil, lo acuciante ahora es decidir que hacemos con Francina Armengol.
Coincidieran conmigo en que no es de recibo que ‘Paquita la Farmacéutica’ siga un día más presidiendo el Congreso de los Diputados.
No es ético, ni estético, ni normal que la tercera autoridad del Estado Español sea una paisana a la que investigan la Guardia Civil, el juez instructor y hasta la Fiscalía europea, por su más que posible implicación en una trama de corrupción multimillonaria, en que hasta se utilizaron de forma fraudulenta fondos europeos.
Dice el PP que situación de la señora Armengol es ‘insostenible’, por lo que -‘con el objetivo de salvaguardar el prestigio de la Institución’- reclama su inmediata dimisión.
Les confieso que lo del ‘prestigio’ del Congreso me la trae al pairo, porque he visto en esa cámara tanto espectáculo bufo y escuchado tanta mentira, que estoy vacunado de espantos.
Lo que me preocupa es el Artículo 14 de la Constitución, según el cual todos los españoles somos iguales ante la Ley.
Y lo de Francina la Farmacéutica es de juzgado de guardia o de prisión, para no andarnos con rodeos.
No voy a referirme ahora a que, siendo presidenta balear, toleró los abusos a menores tuteladas, que fueron prostituidas estando bajo la custodia de su propia administración.
Ni a que la pillaran de copas durante la pandemia, saltándose las restricciones sanitarias a la hostelería que ella misma había impuesto.
Es que el 26 de abril de 2020, merced a su afecto, dependencia o relación con Abalos, adquirió mediante procedimiento de emergencia mascarillas chungas por valor de 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, el ‘chiringuito’ de Koldo y secuaces.
Y cuando a las 48 horas, su director de compras le informó de que el material no servía para uso hospitalario, en lugar de reclamar, aceleró el pago.
Y un poco después, viendo que aquello pintaba feo, hizo una gestión para que el pufo fuera a cargo de los fondos europeos.
Y casi enseguida, tuvo el cuajo de expedir un certificado de idoneidad, para que la trama optase a más concursos.
Es decir, no sólo se comió la estafa sin reclamar el dinero, es que encima mintió y dio coba para que los maleantes afines al PSOE siguieran pegando pelotazos.
Si todo eso no da para sentarse en el banquillo y emprender el camino de la cárcel, que venga Dios y lo vea.