Hacía mucho sol a media mañana en la Plaza de Castilla de Madrid. De los juzgados entraba y salía gente a paso ligero. Pero esta mañana de martes había entre 30 o 40 personas aguardando a alguien. Y ese alguien se llama Carlos Mur, el que fue director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, o para que nos entendamos, el que firmó los protocolos puestos en marcha en la primera ola del coronavirus que impedían trasladar al hospital a los residentes más vulnerables. Comparecían también dos geriatras de la Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Ramón y Cajal.

Las personas que esperaban a Mur, que entró por una puerta lateral a declarar ante el juez, son familiares, otros simplemente estaban porque quieren verdad, justicia, reparación. Sujetaban pancartas y se van turnando. Hay más cansancio que dolor en sus rostros y en sus cuerpos. Miran con recelo a la prensa, a la que intuyen cada vez menos interesada en este caso.

Porque son apenas unos pocos los profesionales que siguen detrás del tema. Willy, Andrea, Fernando, Manuel y Javier. Me fijé en la sonrisa de otro Javier, que pertenece a la plataforma Verdad y Justicia. Anima a los compañeros de Marea de Residencias, de Pladigmare. “No puedo más, llevo tres años y medio luchando por esto. Estoy bloqueada”, dice una de las asistentes, que luce una camiseta con el lema “Ley de residencias ya”.

Mientras todo esto ocurría, Isabel Díaz Ayuso luce un original vestido rojo en una gala en Nueva York. Eso sí que lo veremos en los medios.

En una esquina de la concentración estaba Pilar. Con un folio colgado al cuello en el que ha pintado una cifra con rotulador: 7.291. Son los ancianos fallecidos en residencias durante esa primera ola de la pandemia. “Tendríamos que colgar carteles por Madrid con ese número, sin decir nada más. Y hacer que la gente pregunte, que se le recuerde lo que significa”, comenta.

Y conocí a otra Pilar. Perdió a su padre con 99 años. Le queda