Pedro Sánchez ocultó la imputación del marido de la ya exdirectora general de la Guardia Civil, María Gámez, y pidió que no dimitiera hasta que terminase la moción de censura presentada por VOX.

El marido de Gámez, Juan Carlos Martínez, había sido el director de Inversiones Estratégicas de la Agencia IDEA, la antigua pagadora de los ERE irregulares en Andalucía. Se investiga una operación que podría ser fraudulenta porque en un solo día, Martínez, pasó de ser un empleado a ser el principal cliente de la Agencia IDEA, ya que contrataron a la empresa creada por Martínez. Y ese contrato se habría adjudicado directamente, sin licitación pública. Además, se han descubierto movimientos a cuentas de los hermanos Martínez por valor superior al millón de euros.

Martínez está, por tanto, imputado por existir indicios de prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales por unos pagos, presuntamente irregulares, de la Junta de Andalucía mientras gobernaba el PSOE, a la empresa donde trabajaba. Es decir, se está investigando si el marido de Gámez desvió fondos públicos.

Gámez asegura haber dimitido “tras haber tenido conocimiento” de que su marido “ha sido citado en el marco de un procedimiento judicial” por varios delitos de corrupción y señala que dimite por “principios, honestidad y responsabilidad” renunciando a su derecho y al de su marido a la presunción de inocencia para proteger a su familia y a la Guardia Civil.

Esto llega en plenas investigaciones judiciales del Caso Cuarteles por las presuntas irregularidades en obras en 13 comandancias de la Guardia Civil. Y en medio del revuelo del Caso Mediador, en el que están involucrados dos generales retirados de la Guardia Civil; uno de ellos, Espinosa Navas, se encuentra en prisión preventiva por haber recibido, presuntamente, sobornos, en los que también está imputado el ya famoso Tito Berni.