El Gobierno ha asegurado este lunes que, por lealtad institucional, hay que acatar la decisión del Tribunal Constitucional que paraliza la tramitación parlamentaria de la reforma judicial pese a considerar que es "de una gravedad máxima" y afecta a los fundamentos de la separación de poderes.

Así se ha expresado en nombre del Ejecutivo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras conocer esa decisión del Tribunal Constitucional mediante un procedimiento que ha calificado de "insólito".