Con el fin de garantizar la protección y descontaminación del río Atrato, en Chocó, Colombia, los magistrados de la Corte Constitucional lo declararon "sujeto de derecho". Seis años después de la sentencia, queda mucho por hacer. Este es un trabajo colaborativo con la periodista Marie Eve Detoeuf, de 'Le Monde'. 

En la región tropical del Chocó, en el noreste de Colombia, corren las aguas del río Atrato, caudalosas, majestuosas y muy sucias.Las hélices de las embarcaciones se enredan en las bolsas de plástico que flotan río abajo del puerto fluvial de Quibdó. Las minas de oro escupen su mercurio en el río Quito y otros afluentes del Atrato.“¿La sentencia T-622 del Tribunal Constitucional? Aquí todo el mundo la conoce”, dice José Adán Palacios, que transporta pasajeros y plátanos en su lancha. “Pero no ha cambiado nada. La contaminación continúa, ya sea por la minería, la deforestación o la basura", añade.En 2016, la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derecho. Una primicia en Colombia. La decisión sentó un precedente:  varios ríos y toda la Amazonía –que cubre el 42% del territorio colombiano– son ahora sujetos de derecho.Maryuri Mosquera, de 39 años, es ingeniera agrícola y "guardiana" del Atrato. La sentencia de la Corte Constitucional designó a siete organizaciones locales como representantes legales del río, cada una de las cuales nombró a dos guardianes del río. Maryuri y sus colegas son responsables de garantizar la aplicación de la sentencia judicial. "Es una tarea un poco desalentadora", admite la mujer.Los jueces han ordenado al Esta
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