Solo una semana después de que Bildu facilitase la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno PSOE-Podemos autorizó el traslado de 11 etarras a las cárceles del País Vasco y Navarra. Todos ellos sin haber colaborado con la Justicia y con un historial criminal que acumula hasta 40 asesinatos. Algunos de ellos tienen hasta nueve crímenes a sus espaldas.

Entre ellos, destacan Juan Ramón Carasatorre, condenado a 30 años de prisión como autor del asesinato de Gregorio Ordóñez, quien fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián y cuya tumba fue profanada en varias ocasiones por los radicales. Su familia tuvo que acabar abandonando el País Vasco. Y Luis Mariñelarena, condenado a 100 años de prisión como responsable del atentado con un coche-bomba en el que resultaron asesinados Fernando Buesa Blanco, histórico dirigente socialista en el País Vasco, y su escolta, Jorge Díez Elorza.

Con esto, más del 60% de etarras se encuentran ya en las cárceles del País Vasco. Y la Asociación de Víctimas del Terrorismo advierte que “dentro de pocos años, estos terroristas que un día quisieron romper los cimientos de nuestro país, camparán a sus anchas, cruzándose con los familiares de las víctimas a las que les arrebataron la vida sin ni siquiera haber colaborado con la justicia ni mostrar un ápice de arrepentimiento”.