Por si a alguien quedaba alguna duda, la Generalidad de Cataluña ha vuelto a retar al Estado de Derecho y ha dicho ya que no va a acatar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de aquella comunidad de garantizar al menos un 25 por ciento de horas lectivas el castellano, la lengua oficial del Estado español.
Hace ya algunos días les contamos que los secesionistas que allí gobiernan habían buscado una añagaza legal, con la colaboración necesaria del PSC, es decir del PSOE, para burlar de nuevo la legalidad. Se trata, en esencia, de jugar con la terminología y denominar al catalán 'lengua vehicular' y al castellano 'lengua curricular'.
Más grave aún que esto es el hecho de que hoy, las autoridades educativas catalanas, han cursado instrucciones escritas a todos los directores de los centros amenazando con enviarles la inspección o incluso con sanciones si cumplen con el dictamen del TSJC, es decir, no se avienen a la orden política de los independentistas de desacatar a un órgano jurisdiccional 'al que no reconocen'. Además de rebeldes, son cobardes porque dejan así a estos funcionarios a los pies de los caballos y expuestos a que un juez les llame y les imponga cargos por incumplir un mandato judicial. Lo habitual en los taimados políticos que perpetraron el golpe de otoño de 2017.
¿Qué hace el gobierno de Pedro Sánchez ante este panorama? ¿Qué hace la Fiscalía? ¡Nada! Tal y como rezaba la letra de aquella célebre canción del grupo de rock 'Burning' de mediados de los años 80, aceptan la exigencia de sus chantajistas socios parlamentarios de ponerse 'de rodillas frente a mí, que es como me gusta a mí'
¿Nos ha visto este gobierno a los españoles cara de muy gilipollas, regular de gilipollas... o solo un poquito gilipollas?