Eran las primeras semanas de la pandemia. Con los hospitales desbordados y ante la escasez de material sanitario, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) adjudicó por el procedimiento de emergencia un contrato de 9.922.000 euros a la empresa TEC Pharma Europe SL para traer a España 200 respiradores del modelo Eternity SH300. Y lo hizo a un precio por unidad de 49.610 euros (IVA incluido), a pesar de tratarse de un equipo médico cuyo precio, según fuentes del sector, rondaba los 11.000 euros antes de la pandemia. Dos años después, el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid revisa ese contrato y estudia la posibilidad de incorporarlo a la causa en la que se investiga a tres altos cargos del Gobierno por presuntas irregularidades en la adjudicación de otras doce adjudicaciones por las que el Gobierno pagó 310 millones de euros en el inicio de la pandemia.

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