El Gobierno plantea incluir la violencia obstétrica como un tipo de violencia de género: el Ministerio de Igualdad quiere incluirla como delito en la reforma de la Ley del Aborto, por considerarla un tipo de violencia machista. El término “violencia obstétrica” levanta ampollas entre numerosos profesionales y colectivos médicos.

¿Qué es la violencia obstétrica?
Para poder entender el debate que se está generando en torno a la violencia obstétrica hay que tratar, en primer lugar, de acercarnos a una definición sobre lo que implica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “La violencia obstétrica se define como una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud (predominantemente médicos y personal de enfermería) hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio. Constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres”.

Desde el Observatorio de la Violencia Obstétrica, la definen como “la apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres por prestadores de salud, que se expresa en un trato jerárquico deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres”.

Por tanto, se entiende por violencia obstétrica aquella ejercida sobre la mujer durante todo el proceso de embarazo, en el trabajo de parto y posparto, fundamentalmente.

La OMS hacía referencia en su documento Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud a que la existencia de “un número cada vez mayor de investigaciones sobre las experiencias de las mujeres en el embarazo y, en particular, el parto, plantean un panorama alarmante” especificando también que “en los informes sobre el trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, se hace mención a un evidente maltrato físico, una profunda humillación y maltrato verbal, procedimientos médicos sin consentimiento o coercitivos (incluida la esterilización), falta de confidencialidad, incumplimiento con la obtención del consentimiento informado completo, negativa a administrar analgésicos, violaciones flagrantes de la privacidad, rechazo de la admisión en centros de salud, negligencia hacia las mujeres durante el parto[...]”.