Tras el fallo de un juez federal de Texas, que prohibió al gobierno adjudicar nuevas solicitudes bajo el amparo de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de 2012 (DACA), la comunidad se movilizó para pedir al Congreso que apruebe una ley que regularice sus permanencias e incluya un camino hacia la ciudadanía.