Entre los puntos clave que resaltan tanto el Gobierno como los colectivos LGTBI figuran la despatologización de las personas trans, es decir, que dejan de ser consideradas como enfermas y no precisarán de documentos médicos para realizar el cambio de nombre y sexo; la autodeterminación del sexo, que permitirá realizar el cambio por la simple voluntad del interesado o interesada ante funcionarios del Registro Civil, o "el derecho de los menores a ser escuchados", permitiéndoles el cambio de nombre en el registro a cualquier edad y el de sexo a partir de los 12.