El Gobierno chileno expulsó a 56 personas migrantes venezolanas acusadas de haber cometido delitos o haber ingresado de forma irregular al país.

Organizaciones de defensa de inmigrantes, que confirmaron la nacionalidad de las personas expulsadas, protestaron por esta nueva deportación, al tiempo que un grupo de expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas indicó que las personas migrantes "tienen derecho a una evaluación individual de sus casos y a quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria".