El gobierno de facto y la Asamblea Legislativa de Bolivia se mantienen en disputa por los efectos de un crédito de 320 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional que impone condiciones de reducción de gastos al país. El gobierno de facto usa las observaciones hechas por la Asamblea Legislativa para acusarla de intentar matar de hambre y coronavirus a la población, aunque luego se supo que por decreto el dinero ya está a disposición de las autoridades. teleSUR