Este viernes, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, dio a conocer detalles sobre el contrato firmado para la incursión armada por parte de mercenarios para atacar al país y derrocar al legítimo presidente Nicolás Maduro. Rodríguez calificó esto como un evento inédito en el sentido de que "un grupo de personas guiados por su ambición de dinero y odio sin límites firmaron un contrato para incurrir no sólo en la derogación de la Constitución, sino para apoyar la invasión y el asesinato del mandatario". El documento detalla que de lograr el asesinato del presidente y destruir espacios económicos, el exboina verde estadounidense John Goudreau a través de la empresa Silvercorp, cobraría un bono de 10 millones de dólares, pues estaba estipulado que las fuerzas de Silvercorp se quedarían como fuerzas de ocupación mandando sobre las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana (Fanb) y la Policía Nacional del país, además de ayudar en la instalación del Gobierno de Juan Guaidó. La duración del contrato preveía que los incursores se convirtieran en una fuerza supranacional que controlara todo el país y Goudreau sería "el jefe" de todas las fuerzas armadas venezolanas. El contrato establecía la suspensión de servicios básicos como las comunicaciones y el servicio eléctrico. El grupo táctico declararía hostiles a las fuerzas de seguridad nacional y pretendían "neutralizarlos" y designarían como "terroristas" a cualquier persona civil. Referente al uso de armas, estaba permitido el uso de minas y en el control de manifestaciones, el uso de las fuerzas será aplicable, así como se habilitaría el uso de la fuerza incluido la letal. Además, el personal contratista podría entrar o salir de Venezuela sin identificación, sólo la insignia de Silvercorp. En la cadena de mando de esta operación se estableció como Comandante en Jefe a Juan Guaidó, supervisor general del proyecto a Sergio Vergara, jefe de estrategia a Juan Jose Rendón. De acuerdo con el documento, la institucionalidad democrática de la República y los poderes establecidos desaparecen, por lo que el país quedaría "en mano de estos cuatros delincuentes con una fuerza militar extranjera contratada que es el caso de Silvercorp" detalló Rodríguez quien también alertó sobre la complicidad del Gobierno de Iván Duque en el desarrollo de campamentos militares, en los intentos de asesinato del presidente Nicolás Maduro y en el financiamiento de los campamentos en Río Hacha dirigidos por Alcalá. Por ello, Venezuela acudirá a la Organización de Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad y otras organizaciones internacionales "pues no es posible que Duque permita el entrenamiento de terroristas en Colombia para la agresión a Venezuela". teleSUR