Roma, 17 mar (EFE).- El Gobierno italiano ha prohibido durante dos meses que las empresas puedan despedir a sus empleados por motivos económicos derivados de la situación de emergencia por la crisis del coronavirus, que ha causado más de 2.000 fallecidos en el país.
 
El Ministerio de Trabajo italiano informa este martes en su página web de que esta es una de las acciones incluidas en el decreto ley que ha impulsado el Ejecutivo con ayudas de hasta 25.000 millones de euros, que movilizan recursos por valor de hasta 350.000 millones.
 
El decreto aún no es conocido por los medios y el Gobierno ha explicado algunas de las medidas en un comunicado enviado esta madrugada.
 
El Ministerio de Trabajo señala que se suspenden los despidos por motivos económicos desde el 23 de febrero y durante 60 días, con independencia de la cantidad de empleados a su cargo.
 
Sí estarán permitidos, sin embargo, los despidos por motivos disciplinarios, matizaron a EFE fuentes de este ministerio.
 
La ministra de Trabajo, Nunzia Catalfo, explicó el lunes en rueda de prensa que de estos 25.000 millones, un total de 10.000 millones irá destinado a ayudas al empleo.
 
En este sentido, se contemplan bonos mensuales de 600 euros exentos de impuestos a autónomos que hayan perdido su trabajo, se concederán permisos parentales de dos semanas, con la mitad del sueldo asegurado, para aquellos padres que tengan hijos de hasta 12 años o con discapacidades graves.
 
Para disfrutar de este permiso, sin embargo, el otro progenitor tiene que estar trabajando, no puede ser desempleado o beneficiario de otra medida de apoyo a los ingresos.
 
Alternativamente, el gobierno otorgará prestaciones para la contratación de niñeras de hasta 600 euros, cantidad que ascenderá a los 1.000 en el caso del personal sanitario o de las fuerzas del orden.
 
El decreto también se refiere a las personas que disfrutan de la llamada "Renta de Ciudadanía", impulsada por el gubernamental Movimiento 5 Estrellas, una especie de subsidio al desempleo y contra la exclusión social.
 
Estas personas podrán seguir recibiendo esta ayuda y estarán excluidas durante dos meses de la obligación de disponibilidad inmediata para trabajar.
 
IMÁGENES DE ARCHIVO