El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas determinó que el Estado Mexicano violó sistemáticamente los derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho al acusarla injustamente de difamación, para después torturarla y permitir el abuso sexual contra ella por parte de unos policías, luego de que diera a conocer una investigación exhaustiva sobre pederastia en las más altas esferas gubernamentales del país