La Fiscalía no se mueve y  mantiene la acusación de rebelión en la causa contra el proceso soberanista porque, dice, hubo "fuerza, agresión y violencia" antes y después del 1-O y porque los líderes independentistas,  según los fiscales, "buscaban el enfrentamiento". Todo ello en 127 páginas de relato, de un año de investigación que dejan a Oriol Junqueras, como el peor parado. Como vicepresidente, los fiscales le sitúan en la cúpula del plan secesionista y piden  para él 25 años de cárcel por rebelión agravada y malversación. Los mismos delitos, rebelión y malversación, pero en menor grado son los que se atribuyen a los otros exconsejeros: Josep Rull, Jordi Turulll, Raül  Romeva, Joan Forn y Dolors Bassa. Para ellos la fiscalía pide 16 años de cárcel.
Ni los Jordis (Sánchez y Cuixart) ni Carme Forcadell estaban en el Govern y por tanto no tenían capacidad de desviar dinero, pero creen los fiscales que tuvieron un papel fundamental en los preparativos del 1-O, por eso solicita para los tres 17 años de prisión por un delito de rebelión agravada. Estos nueve procesados son a quienes el ministerio público considera los cabecillas, los que están en prisión, a los otros tres exconsejeros les piden siete años de cárcel por un delito de malversación, pero menos grave. En esta situación está, por ejemplo, el arrepentido Santi Vila que se echó atrás a última hora. Para el resto de procesados se solicitan multas por desobediencia.
La Fiscalía ha mantenido sus postulados desde el principio, pero el cambio lo ha hecho la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia. Hasta ahora se había adherido a los movimientos del ministerio público pero a juicio llegará acusando sólo de sedición y malversación con un escrito en el que no aparece la palabra rebelión, ni la palabra violencia. La mayor pena que solicita, es también para Junqueras, pero se queda en 12 años de cárcel. Es decir, la mitad de la pedida por la Fiscalía.