La fiscala general del Estado, María José Segarra, ha defendido el derecho a la libertad de expresión y el secreto profesional de los periodistas, en especial la protección de las fuentes de información.
Así lo ha manifestado tras ser preguntada por el amparo constitucional de estos derechos tras los registros llevados a cabo por la Policía Nacional en la redacción de Europa Press Baleares. Los agentes requisaron teléfonos móviles de rectores de Diario de Mallorca y Europa Press en las sedes en Palma, y, en esta última, también requirieron la entrega de ordenadores, en el marco de la investigación sobre una información periodística sobre el caso Cursach.