El gobierno presidido por la
exalcadesa de Madrid, la popular Ana Botella, tendrá que responder de nuevo
ante los tribunales. La justicia reabre el caso de la venta de vivienda pública
al fondo de inversión Fidere. Esta operación ya le costó el pasado diciembre a
Botella y a parte de su equipo una condena por parte del Tribunal de Cuentas.
La sentencia les obliga a pagar 23 millones de euros.