Madrid se suma hoy a las siete comunidades autónomas que ya cuentan con una ley de muerte digna. A falta de una ley estatal, los madrileños podrán, entre otras muchas cosas, rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente su vida. Y algo muy importante: los médicos no podrán negarse a cumplir los deseos de sus pacientes invocando la objeción de conciencia.
-Redacción-