La última polémica en torno al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, tiene que ver con su decisión de trasladar a Cataluña el caso del 3 por ciento que investiga la financiación irregular del Partido Demócrata Catalán. Ha provocado malestar entre los fiscales que llevaban años investigándolo en Madrid, y en los que han confiado ya varios testigos protegidos. Moix alega razones de operatividad, además de pretender frenar el argumento de que existe animadversión hacia esa comunidad autónoma.