Las acusaciones son graves: "prevaricación continuada y cohecho". Y el objetivo, esta vez, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, protagonista de un informe de la UCO de la Guardia Civil pidiendo que se le investigue. Por hechos que se remontan a 2007 y que tienen que ver con la presencia de Cifuentes. De un lado, en el patronato de Fundescam. De otro en el comité de expertos y la mesa que decide los contratos en la Asamblea de Madrid. El informe acusa a Cifuentes de adjudicar "arbitrariamente" el servicio de comedor y cafetería de la Asamblea al empresario Arturo Fernández, donante a su vez de 160.000 euros a Fundescam. Dinero que se habría usado para la campaña electoral de 2007. Con Cifuentes en el Comité de esa campaña. La operativa se describe en un informe de la UCO, que se entregó el 1 de marzo. Desde entonces hasta ahora ni el juez ni la Fiscalía han movido ficha. Se conoce ahora gracias a levantamiento de la parte del sumario de la Púnica que aún quedaba secreta. La réplica de Cifuentes ha sido un extenso comunicado en el que explica que la adjudicación se hizo de forma colectiva, reglada y con criterior técnicos. Con participación de funcionarios y políticos de todos los partidos. Que fue por unanimidad y no hubo recurso. Prudencia en sus compañeros de partido, prudencia pero el PP en Madrid hoy ha ido de susto en susto. Antes de los suyo, a Cifuentes ya le había dimitido un viceconsejero: Miguel Ángel Ruiz, de Medio Ambiente. En su caso acusado de cobrar comisiones. El Gobierno Cifuentes ha achacado su baja fulminante a la aplicación de su Código Etico insistiendo machaconamente en que eran hechos de su etapa anterior con Esperanza Aguirre.
-Redacción-