Fue una de las medidas más polémicas del primer Gobierno de Rajoy, una amnistía fiscal a la que se acogieron imputados como Luis Bárcenas, Rodrigo Rato o los Pujol y que se ha declarado nula por el Tribunal Constitucional. Ahora el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se descuelga y quiere prohibir lo que él promovió, y no porque se arrepienta. La propuesta ha llegado tras una defensa a ultranza de la amnistía de 2012, que se promovió en un marco de crisis y ante la amenaza de una petición de rescate a Europa. Hacía falta dinero, pero esta regularización recaudó 1.200 millones, menos de la mitad de lo esperado.