El Tribunal de Cuentas ha dado el primer paso para exigir a Artur Mas y tres de sus concelleres que paguen lo que costó el 9N, la consulta que llevaron a cabo en 2014. Se calcula que fueron 5 millones de euros de los que tendrán que responder con su patrimonio. En una resolución hecha pública, el tribunal activa el procedimiento para que, a la vuelta del verano, Mas y su equipo, entre ellos Francesc Homs o Joana Ortega, hagan frente al pago. El auto lo firma una exministra de Aznar, Margarita Mariscal de Gante.