Son las 49 páginas de la Ley de Transitoriedad Jurídica. Una ley que define a Cataluña como una república de derecho democrática y social en la que Puigdemont dejaría de ser presidente de la Generalitat para pasar a ser automáticamente Jefe del Estado Catalán. Nueva república y nuevo Tribunal Supremo Catalán. Su primera medida supondría la amnistía para todos los condenados por el procés: Artur Mas, Francesc Homs o las consejeras Rigau y Ortega. El fiscal general lo nombraría el Parlament y no el Govern para garantizar su independencia. Convencidos de que Cataluña seguirá siendo parte de la Unión Europea, la ley contempla la doble nacionalidad y reconoce tres lenguas oficiales: catalán, castellano y aranés, pero sólo hasta que haya una Constitución. No explica qué pasará con la negociación de la deuda con el Estado, aunque la CUP ya advirtió de que si el Gobierno no da su brazo a torcer, Cataluña no se hará cargo de lo que debe. La Generalitat pasa a ser la única administración reconocida, una administración que se encargará de lleno de los controles de fronteras, pasaportes o el espacio aéreo, aunque no aclara cómo. Esta ley estaría en vigor hasta la aprobación de la nueva Constitución que redactará el Parlament, que cambiaría su nombre por Asamblea Constituyente.
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