Comparece el conseller de Justicia, Carles Mundó, para explicar la vertiente jurídica del 1-O. En su intervención ha acusado al Gobierno español por llevar a cabo la suspensión de la división de poderes con tal de intentar impedir el referéndum. Ha enumerado los abusos e incumplimientos de las leyes y los derechos fundamentales que se han llevado a cabo, entre los cuales ha destacado: la persecución de algo que, según marca el código penal, no es ilegal; el despliegue en Cataluña de Guardia Civil y Policía Nacional que pone en peligro al resto de España que actualmente se encuentra bajo amenaza yihadista; la designación de un coronel de la Guardia Civil para dirigir a los Mossos d'Esquadra; el abuso del término de sedición; registros sin orden judicial y apertura de correspondencia sin autorización; amenazas de detenciones a más de 700 alcaldes; cierre de webs, amenazas a los medios de comunicación y confiscación de propaganda electoral; prohibición de celebración de actos públicos que atentan contra el derecho de reunión y manifestación; la negación por parte de la Guardia Civil de informar sobre los motivos de las detenciones y la localización de los detenidos. Es por ello que el Govern de Cataluña y las personas afectadas han tomado iniciativas ante el Tribunal Internacional, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos y en los Tribunales Españoles. La Generalitat ha presentado una querella contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al entender que ha actuado "fuera de la ley" para impedir el 1-O.
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